Retribución por Rendimiento en la Administración Pública

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BDS Asesores
Jueves 2 de Diciembre de 2010

La competitividad y la eficiencia son claves hoy en día, y diversas instituciones valoran implementar mecanismos salariales por evaluación del desempeño, como medida tendiente a mejorar su estructura salarial y organización interna.

Lic. Ronald Gutiérrez Abarca
rgutierrez@bdsasesores.com

Bajo esta perspectiva, las instituciones procuran que una porción del salario cancelado sus trabajadores, se origine a partir de la obtención de ciertos resultados y no deriven o se incremente de reconocimientos automáticos por el transcurrir del tiempo.

La implementación de una política de incentivos salariales, basada en el cumplimiento de resultados, es jurídicamente viable, pero requiere un análisis especial, que varía según las particularidades de cada institución; siendo importante considerar que una mala utilización de los instrumentos de evaluación del desempeño, podría generar diversas complicaciones, según lo señalado en el informe DFOE-PGAA-IF-65-2009 de la Contraloría General de la República.

Partamos del hecho que, a la fecha, la jurisprudencia laboral ha indicado que los reconocimientos ligados al desempeño tienen, en principio, naturaleza salarial; a partir de ello, lo que procede es que las instituciones definan las condiciones y metas a cumplir por los funcionarios para optar por los incentivos, así como las demás obligaciones y derechos de las partes; aspectos que conviene sean regulados con detalle en una normativa específica.

Asimismo, conviene evitar fijar metas que no sean objetivamente alcanzables, de igual forma debe considerarse la improcedencia de establecer reconocimientos desproporcionados e injustificados. Valga decir que, en el marco de las instituciones públicas, no procede conceder incentivos por el mero cumplimiento de las obligaciones que forzosamente le corresponden al funcionario en su condición de trabajador.

La Institución podría definir, mediante criterios técnicos y objetivos, que ciertos incentivos solo se apliquen a determinados funcionarios, según el impacto de sus labores en la actividad del ente, lo cual no lesionaría, per se, el principio de igualdad; siendo la adecuada definición de dichos criterios, esencial para justificar el tratamiento diferenciado a tales funcionarios.

Resulta importante que las iniciativas comentadas, cuenten con un adecuado respaldo jurídico, acordes tanto con el ordenamiento jurídico general, así como con la normativa interna de la institución, lo cual ayuda a minimizar el riesgo de eventuales lesiones a los derechos de los trabajadores.

En el sector público son pocas las instituciones que han logrado instrumentos eficaces para la evaluación del desempeño individual e institucional, siendo recomendable, dadas las condiciones actuales de competencia, generar los instrumentos apropiados para valorar la eficiencia de la organización y su personal, todo ello en resguardo del principio de legalidad y los derechos laborales.
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Artículo de BDS Asesores publicado por Alejandro Trejos Contactar para más información

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