Requerir certificación ISO es discriminatorio

La Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica determinó que incluir como requisito certificaciones ISO para contrataciones del Estado, atenta contra el principio de libre competencia.

Viernes 4 de Marzo de 2011


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Del Boletín de Competencia Enero-Febrero 2011 de COPROCOM:

Procesos de Contratación Administrativa, Certificaciones ISO y otros requisitos.
"En relación con la solicitud de certificados ISO por parte de la Administración, la COPROCOM consideró que si bien el promover prácticas amigables con el medio ambiente repercute en la calidad de condiciones ambientales de la población, la aplicación de algunas disposiciones que como sugerencia se presentan en el Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica, (elaborado por la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial, CEGESTI, en conjunto con la Contraloría General de la República), sin tomar en cuenta los objetivos de competencia, han propiciado una restricción injustificada de entrada al mercado, que atenta contra el principio de libre competencia, que tanto la Constitución Política como la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor resguardan."

Algunas instituciones solicitan como parte de los ítems a considerar en los procesos de contratación administrativa, que los oferentes cuenten de forma específica con las certificaciones ISO 9000 e ISO 14000, otorgándoles a estas un valor dentro de la calificación de ofertas. Esta práctica resulta discriminatoria y anticompetitiva, por cuanto existen múltiples certificados de índole ambiental, y no se justifica que las entidades públicas opten por considerar tan solo una certificación, o los criterios establecidos por un certificador en particular, para incluirlos como parte de los aspectos a valorar dentro del proceso de contratación administrativa.

Por otra parte, la exigencia de este tipo de certificaciones no se justifica cuando el objetivo de promover una producción amigable con el ambiente, también puede ser alcanzado solicitando otros requisitos compatibles con la libertad de competencia, como lo podría ser el establecimiento de requisitos ambientales de forma general, sin hacer referencia a un tipo de certificado en particular.

Consideró COPROCOM que esta conducta es especialmente negativa, por cuanto algunas certificaciones tienen un alto costo que no puede ser cubierto por todos los participantes. De manera tal que se privilegia a empresas grandes y de mayores recursos en perjuicio de las de menor tamaño. Particularmente dañina es esta práctica, si adicionalmente la exigencia de este requisito no aporta ningún valor agregado al producto o servicio a contratar, y se convierte en una forma de impedir la entrada de nuevos oferentes o de favorecer a uno de ellos.

El Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica incluso establece la necesidad de realizar estudios previos a la solicitud del cumplimiento de alguna certificación, por cuanto señala: “(…) En caso de las certificaciones, es importante considerar que uno de los factores que determina si se puede o no pedir el cumplimiento con alguna, es la cantidad de bienes que están en el mercado disponibles con esa certificación (de modo que no se limite la participación de oferentes) y también la justificación técnica que argumente realmente por qué es necesaria dicha certificación para el bien que se está comprando (…)”,

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