Los pobres no tienen "derechos adquiridos"

Mientras crece el desempleo y aumenta la pobreza, el ministro de Hacienda de Costa Rica declara "impostergable" el pago del aguinaldo a los funcionarios del gobierno central.

Martes 15 de Noviembre de 2011

OPINION EDITORIAL

Si usted es un funcionario del gobierno central de Costa Rica, este diciembre su aguinaldo será en promedio 15,6% más alto que el del 2010. Pero si usted es pobre -y muy probablemente además un desempleado, lo único que le aumentará será la cantidad de vecinos en su misma situación.

El comunicado del Ministerio de Hacienda es enfático: pagar los aguinaldos "es una de las obligaciones que deben atenderse de manera impostergable, independientemente de la situación fiscal del país". Y es cierto: el no pago de los aguinaldos a los funcionarios del gobierno central podría ser considerado un delito, puesto que se estaría conculcando sus sagrados "derechos adquiridos" mediante convenciones colectivas y otras disposiciones arrancadas a directivos y gobernantes siempre complacientes a la hora de conceder aumentos salariales y otras prebendas.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que la tasa de desempleo aumentó de un 7,3% en el 2010 a un 7,7% este año, mientras que la pobreza ascendió de 21,3% a 21,6%, lo que significa que ahora hay en Costa Rica 37.000 personas más que son pobres, y 105.000 personas sin trabajo.

No estamos proponiendo que no se paguen los aguinaldos. Lo que pretendemos hacer es dejar en claro que las decisiones sobre convenciones colectivas y otras normas que instauran privilegios desmedidos, no pueden continuar siendo fuente del derecho absoluto de los nuevos aristócratas de las burocracias estatales, a percibir cada vez más dinero, mientras que los trabajadores de la empresa privada pagan con desempleo y más pobreza el precio de las crisis y del desgobierno.

Si hay más desempleados es porque hay empresas privadas que están produciendo menos y vendiendo menos -o simplemente cerrando sus puertas, agobiadas no solo por crisis importadas, sino también por los impuestos y por la tramitología que justifica la existencia de demasiados funcionarios públicos.

Quizás sea el momento para incluir en el proyecto de aumento generalizado de impuestos en estudio en la Asamblea Legislativa, una claúsula que señale que se revisarán todas las convenciones colectivas y demás normas abusivas, las que dejarán de ser fuente irrevocable de los derechos adquiridos de la burocracia estatal. Porque, si se pueden cambiar las reglas para la empresa privada y quitarle exenciones fiscales -o lo que es lo mismo ponerle más impuestos- ¿porqué no cambiar también las reglas para que los servidores del gobierno central también tengan que ajustarse el cinturón?

Quizás así sí el proyecto de ley fiscal merezca el pomposo y mentiroso nombre de "Ley de Solidaridad Tributaria".



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