Leyes de Transparencia en Guatemala

Empresarios admiten su necesidad para mejorar la transparencia y combatir la corrupción, pero solicitan amplio análisis y discusión del proyecto enviado al Congreso.

Martes 10 de Abril de 2012

Por Hernán Guerra, en la Revista de la Cámara de Industrias de Guatemala:

El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quiere que el Congreso le apruebe en tiempo récord otro paquete de leyes que, según él y sus funcionarios, se convertirán en nuevas armas para combatir la corrupción, mejorar la transparencia del gasto público y, a la vez, apalancar la reforma fiscal recién aprobada. Sin embargo, y no obstante que los objetivos son compartidos por analistas, representantes de la sociedad civil y empresarios, el denominador común es que las propuestas requieren “más análisis, más debate y participación”.

Y es que, como han sido planteadas las ocho reformas y las tres iniciativas, afloran las interrogantes. ¿Conocen los funcionarios públicos de tantos temas como los que se tocan en los proyectos de ley? ¿Están legal y técnicamente bien fundamentadas estas propuestas como para devolverle la confianza de los contribuyentes y de los guatemaltecos en general? ¿Es correcto o prudente que la discusión se limite al Congreso de la República o debe ampliarse el círculo a profesionales y demás sectores de la sociedad civil?

Al 21 de marzo, el ministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, había argumentado que “estas leyes nos permitirán mejorar la calidad del gasto, la transparencia, impedirán que se inviertan recursos en enriquecer a personas que han ejercido la función pública”. También argumentaba que, “incluyendo todo el paquete fiscal (con actualización tributaria aprobada e iniciativas de la transparencia) podríamos calcular que se generarían unos Q10 mil millones para el Estado”.

Industria y Negocios abordó a destacados profesionales y al presidente de CIG, quienes emiten sus puntos de vista.

El paquete de reformas y nuevas leyes
Según el proyecto, el Ejecutivo pretende ocho reformas de leyes vigentes y la aprobación de tres nuevas.
Se reformarían:

Ley del Organismo Ejecutivo.
Ley Orgánica del Presupuesto.
Ley de Probidad.
Ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil.
Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística.
Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Propuestas de nuevas leyes

Ley de Fideicomisos Públicos.
Ley del Enriquecimiento Ilícito.
Ley del Sistema Nacional de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública.

“Mientras no refundemos el Estado, la democracia seguirá siendo débil”
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, resume que las propuestas requieren un amplio análisis, no sólo a lo interno del Congreso de la República sino con más sectores de la población. A su juicio, la redacción de las iniciativas de ley conlleva la intención de mejorar la transparencia y combatir la corrupción. Sin embargo, a su criterio, están mal elaboradas y, por lo tanto, “hace falta someterlas a mucho análisis y discusión”. Considera que tienen muchas debilidades y, de ser aprobadas así, no lograrían los objetivos de convertirse en herramientas legales para combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto. “Las propuestas tienen muchas debilidades y ahora es responsabilidad compartida del Congreso en tratar de mejorarlas; pretender aprobarlas con rapidez iría en contra del objetivo que se busca”. De ahí que, a su criterio, los proyectos deben someterse al escrutinio de profesionales calificados y de otros sectores de la sociedad. “Fueron presentadas muy a la carrera”, reconoció.

En todo caso, a juicio de Marroquín, la bancada oficial en el Legislativo, ahora tiene que demostrar voluntad política para ampliar la discusión. “Es un trabajo de todos, como sociedad, sacar buenas leyes; hay más capacidad en algunos organismos no estatales en estos temas que pueden colaborar”, consideró.

No obstante, reiteró que, aunque finalmente se rediseñen las iniciativas de ley y sean aprobadas con mejor calidad, serán insuficientes para lograr total transparencia del gasto público y combatir la corrupción. “Hay que refundar los órganos de control del Estado porque lo que tenemos ya lo conocemos y no da los resultados que todos esperamos debido a que su diseño es malo”. Recordó que las instituciones púbicas no tienen autonomía real, son dependientes; tampoco tienen capacidad técnica pues su personal no reúne perfiles idóneos. “Mientras no refundemos el Estado, la democracia seguirá siendo débil, sometida a la corrupción y las mafias”.

Pablo Schneider:
“La densidad de la propuesta requiere mucho análisis”
Pablo Schneider, director del Centro de Iniciativas de Desarrollo, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), coincidió con Marroquín. A su juicio, las iniciativas son importantes para complementar la reciente reforma fiscal, sin embargo, consideró que, “por la densidad del asunto”, las enmiendas y las propuestas de nuevas leyes demandan una “amplia discusión”, no sólo a lo interno del Legislativo sino también entre más sectores de la sociedad.

Además, Schneider reiteró que, por muchos años, el dilema fiscal del país ha sido no solo de índole tributario; también se requieren otras medidas para transparentar el gasto público y combatir la corrupción. Por lo tanto, los propósitos de los proyectos de ley van en esa dirección, pero será relevante que se aprueben bien, expuso. Esa complejidad y alcance amplio de los temas, requiere análisis para lograr leyes que en verdad se complementen con la reforma fiscal, explicó Schneider. “Está bien que el Presidente de la República insista en la necesidad de las leyes pero también que se examine a detalle su contenido”.

Alfredo Marroquín:
“Son demasiados parches”
Alfredo Marroquín, Contador Público y Auditor y ex Superintendente de Administración Tributaria (SAT), también argumenta del por qué es “imperativo someter a un amplio debate” las iniciativas de ley de “la transparencia”. A su criterio, debe abrirse una discusión técnica mucho más amplia que la emprendida antes de la aprobación de las “Leyes de actualización tributaria, la denominada Ley Antievasión II y la Ley de Aduanas”. Si no se hace, se pueden repetir los problemas que estas normas han provocado en los sectores que, directa o indirectamente, se ven relacionados, como los agentes aduaneros, quienes han llegado hasta paralizar las aduanas. “Antes de aprobarlas en el Congreso se pretendió un debate pero por cuestiones políticas se apresuró y ahora vemos problemas en su aplicación”, explicó.

Pero hay más razones para extender el análisis de los proyectos de ley. Según Marroquín, el paquete es muy amplio y difícilmente las personas o funcionarios públicos que las prepararon tienen conocimientos en tantas áreas específicas. “Yo, que soy Contador Público y que fui Superintendente de la SAT, conozco la ley de esta institución y la de la Contraloría General de Cuentas, pero no puedo conocer el resto”, expuso.

A su criterio, el análisis debe involucrar no sólo al sector privado, sino a todos aquellos profesionales o instituciones que tengan relación con las leyes que se busca reformar y aprobar. “Son leyes trascendentales para el país como para que haya una persona o entidad que conozca el detalle de estas instituciones que puedan verse afectadas; y, así como yo, que no tengo un conocimiento general de estas disposiciones, es probable que quienes las hicieron, tampoco la tengan”. En ese sentido, el ex Superintendente de la SAT sostuvo que los proyectos contienen “demasiados parches o conjunto de opiniones que no han sido consensuadas”.

CIG: “Es un paquete bastante extenso”
Andrés Castillo, presidente de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y, además, abogado, compartió el criterio de los analistas. Reconoció que son leyes que el país necesita pues son más importantes, incluso, que la reforma fiscal recién aprobada, pues se convertirán en herramientas para fiscalizar el gasto y la inversión pública. No obstante, advirtió que si se aprueban de manera apresurada pueden generar problemas como los que CIG advirtió previo a la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria, la Ley Antievasión II y la Ley de Aduanas. Pero por ahora, la institución solicitó a sus Gremiales, un análisis técnico de cómo pueden verse afectadas las empresas.

El presidente de CIG consideró que, muchas veces, por las urgencias del Congreso de la República, las recomendaciones emanadas de la institución se han quedado sólo en eso, no se han implementado. Y, en consecuencia, posteriormente se producen los problemas como ocurrió con la Ley de Aduanas y la Ley Antievasión II, reiteró.

Incoherencias
Castillo explicó que algunas reformas propuestas por el Ejecutivo no se ven bien. Precisó, por ejemplo, los cambios a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. El proyecto prevé un aumento al monto de compras sin licitar, de Q900 mil a Q2 millones. Pareciera, según el presidente de CIG, que ciertos cambios llevarían dedicatoria específica. En cambio, la iniciativa de “Enriquecimiento ilícito”, en principio, se ve bien, aunque siempre queda el riesgo de convertirse en una “herramienta poderosa en manos de algún Gobierno que quiera hacerle daño a alguien”, precisó.

Luego, las enmiendas planteadas a la Ley de la Contraloría General de Cuentas se ven, en principio, positivas, al igual que a las previstas a la Ley de la SAT.

Por ahora, según el presidente de CIG, el reto será tener una base de análisis tanto macro como micro de parte de las Gremiales para luego emitir juicios más puntuales sobre cada iniciativa de ley. En suma, manifestó que los objetivos son buenos, pues el Estado necesita herramientas para combatir la corrupción y promover la transparencia. “No es tema de capricho ni de proteger a un sector; lo que queremos es mejorar las condiciones del país para que tengamos transparencia y podamos reducir los niveles de corrupción”.

Algunos cambios puntuales
En las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, el Ejecutivo pretende que se aumente el monto de las compras directas, de Q90 mil a Q200 mil. También, que las licitaciones se abran a partir de montos de Q2 millones.

Los créditos contenidos en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado serán el límite máximo de las asignaciones. No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos ni disponer de estos recursos para otras finalidades que no sean las explícitas en la ley.

En el caso de la Ley de la SAT, los directores ya no serían vitalicios. El Presidente de la República podrá nombrarlos para un período de cuatro años. Ese período podría ser extendido por otro período.

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De la nota de prensa publicada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF):

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